En el ámbito del derecho penal, es fundamental garantizar el respeto de los derechos de las personas detenidas. El derecho de defensa del detenido juega un papel crucial en este proceso, ya que busca asegurar que toda persona tenga la oportunidad de ejercer su derecho a ser asistida por un abogado durante su detención. Este derecho permite equilibrar el poder del Estado y proteger a los individuos de posibles abusos o arbitrariedades ante su privación de libertad. En este sentido, se busca asegurar que la detención se realice dentro de los límites legales establecidos, respetando los derechos fundamentales de cada persona involucrada en el proceso.
Los derechos de todo detenido se recogen en el Art. 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La redacción del mencionado es extensa, no dejando al arbitrio de las Autoridades que proceden a la detención la forma de llevarla a cabo, su duración y puesta a disposición judicial.
El tiempo de duración de la privación de libertad deberá ajustarse al tiempo estrictamente necesario para realizar la identificación del detenido y el esclarecimiento de los hechos. En todo caso el tiempo no podrá ser superior a 72 horas, debiendo ser puesto en libertad o a disposición judicial.
Derecho a una llamada a un tercero a elección del detenido, así como a notificar a un familiar o persona que desee del lugar en el que está privado de libertad.
Derecho de acceso a los elementos esenciales de las actuaciones, así como a entrevistarse de forma privada con su abogado.
Derecho a no declarar y manifestar su deseo de declarar ante la Autoridad Judicial.
